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A primera
vista todo estaría bien, nuestro puerto recibiría una importante
inyección de capital e iniciaría la tan anhelada modernización, pero
leyendo entre líneas encontramos que los US$215’765,250.00 comprometidos no
son completamente obligatorios, sino que la mayor parte está
condicionada a la demanda futura. Si hay demanda hay inversión. Si
no la hay no tendremos modernización. Pero el Proponente ya habría
manejado el puerto por 30 años y en exclusividad.
Lo que el Consorcio propone es invertir, obligatoriamente, US$96’262,265.00
en cinco años: US$32’947,275.00 en los primeros tres años y US$63’314,990.00.
en los dos siguientes. No se obliga a nada más, pero recibiría un
puerto en pleno funcionamiento, con “recursos humanos, materiales e
infraestructura óptimos que han contribuido a la atención
ininterrumpida de todos los servicios portuarios requeridos, los 365
días del año 2016”. Tremendo negocio, reciben un bien que vale más
de 700 millones de dólares y desde el primer día ya tendrán
ingresos, sin haber invertido un solo centavo en el Terminal
Portuario. Un regalo del cielo. Más bien del Estado peruano, es
decir de todos nosotros.
Pero el
regalo no viene solo, viene con aumento de tarifas, que llega al
100% de su valor actual - aunque en algunos casos el incremento
alcanza proporciones descomunales de 700% - por lo que, al recibir
el Terminal portuario de Salaverry, el concesionario tendría una
expectativa de ingreso de 14 millones de dólares anuales, como
mínimo, considerando que en los dos últimos años (2015 -2016) el
promedio de ingresos ha sido de, aproximadamente, 7 millones de
dólares. Es decir, duplica sus ingresos y tendría utilidades
importantes. Lo que estaría bien si hubiera invertido en proporción,
pero no será así, como ya lo hemos visto.
Todavía le
dan más: exclusividad por 30 años. Obtenida gracias a un Acuerdo de
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que califica al
Terminal como “infraestructura portuaria nueva” por lo que tendrá el
derecho a la ejecución y/o prestación exclusiva de todos y cada uno
de los servicios portuarios que se puedan brindar dentro del
Terminal a partir del inicio de la explotación”. Sin embargo, el
Acuerdo contraviene el espíritu y letra del artículo 11.3 de la Ley
N°27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, que dice que solo se
podrá otorgar “exclusividad al sector privado para la explotación de
un área de desarrollo
portuario
o de un área dentro de una zona portuaria, con la finalidad que se
desarrolle, construya y equipe por cuenta y riesgo del titular del
contrato, una infraestructura portuaria nueva” y especifica: “la
construcción de infraestructura portuaria anteriormente
inexistente”, lo que no es el caso del puerto de Salaverry ya que
tiene casi 60 años de construido. Otra condición para dar en
exclusividad el puerto es la “implementación de mejoras en la
infraestructura existente, que aumenten la capacidad operativa de un
terminal en un porcentaje mayor al 50%”, a lo que no se obliga el
inversionista, por lo que no cumple con este requisito y, por
último, “que la inversión comprometida supere en 50% o más el último
valor de mercado disponible, de la infraestructura e instalaciones a
ser administradas” - el puerto tiene un valor mínimo de 700 millones
de dólares - por lo que tendrían que invertir 350 millones de
dólares, lo que tampoco sucede, porque el Consorcio proponente solo
invertirá un poco más de 96 millones de dólares. Como hemos
comprobado, en ningún caso el inversionista cumple la Ley como para
tener, en exclusividad, la concesión del terminal portuario de
Salaverry.
Sin
embargo, eso no es todo. Haciendo un paralelo histórico con la
concesión del terminal portuario de Matarani, entregado al mismo
Grupo Romero, vemos que éstos pagaron 9,6 millones de dólares por el
derecho de concesión del puerto de Matarani; mientras que por la
concesión del puerto de Salaverry no pagarán un centavo. Asimismo,
ahora pagan una retribución del 5% de ingresos brutos por la
explotación del terminal portuario de Matarani, mientras que por la
explotación del terminal portuario de Salaverry pagarán el 3% de los
ingresos mensuales, sin considerar impuestos. Es decir, por la
explotación del puerto de Salaverry pagarán menos de la mitad de lo
que pagaron por el de Matarani.
Esta serie
de indicadores nos da pie para entender lo que pasa en esta
Iniciativa Privada que llevaría a la increíble concesión del
terminal portuario de Salaverry. El resultado es la entrega del
puerto a cambio de muy poco o, mejor dicho, a cambio de casi nada.
El único que gana es el Consorcio proponente, vulnerando el
elemental principio económico que señala que en un negocio deben
ganar todos los que participan, según el capital invertido. En este
asunto el Estado pone el capital: una infraestructura en pleno
funcionamiento, en la que hemos invertido mucho dinero y se queda
con una exigua mensualidad; en cambio, el proponente pone muy poco,
pero se lleva todos los ingresos presentes y futuros además de las
expectativas económicas y financieras a corto, mediano y largo
plazo.
Conocemos
como opera un Gobierno entreguista. Primero, desvaloriza el bien a
entregar, en Salaverry no invierte en el mantenimiento de la
infraestructura; en simultáneo, no permite el alza de tarifas a fin
de tener al puerto al borde de la insolvencia, manifestando que da
pérdida; asimismo no invierte en equipo nuevo y moderno para que sus
operaciones sean lentas y costosas, como sucede con las dragas
Marinero Rivas y Arciniegas, por lo que tiene que alquilar otras
dragas a precios exorbitantes pagados por el terminal. Disminuido el
valor del puerto arreglan con una empresa “salvadora” para que
“invierta” en reflotar el negocio dándole todas las facultades que
le negaron a la administración nacional.
Roberto
Angulo Álvarez. |
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