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La sociedad
tiene el inalienable derecho al bienestar; el ser humano a realizarse y
todos a vivir en paz. Estas son palabras que existen, que han sido
redactadas por "CONSTITUYENTES" pero que solo son grafemas que
están allí como contenidos literarios, sin efectividad, sin praxis. Hay un documento
llamado por los abogados PRIMA LEX DE LEX
y que sin embargo es muchas veces ignorada, es La
Carta Magna del país, la Constitución, allí están redactados los
principios supremos que rigen los destinos de la nación y que sin
embargo es tabla rasa incluso, para los actos de gobierno.
Últimamente, específicamente entre Octubre y
Diciembre del 2002 en la ciudad de Arequipa se dio la más grande
nuestra de abuso de autoridad y lo que es peor, la más infame trasgresión
de la PRIMA
LEX DE LEX. En ese entonces fungía de Director Regional de
Salud el inefable Dr. Braulio Cuba Corrido, a quien tuve ocasión de
conocer en otros eventos; recuerdo su figura y su rostro, sus ademanes y
su tono de voz, cuando expuso lo concerniente a la integración de MINSA
y EsSalud, allá por Agosto del 2002, hecho que solo quedó en palabras,
como siempre suceden con los actos demagógicos de ciertas personas; políticos
que ejercen actos de gobierno. Este Doctor, que no es médico sino
abogado, (con razón dicen que los abogados no tienen alma) actuó de la
manera mas fría y calculada al desactivar caprichosamente, contra
viento y marea, contra la estatuido y contra la ley, los CLAS de
Arequipa e Islay. Este abogado Director Regional de Salud, cargo que
correspondería indudablemente a un médico, a un especialista del área
de Salud, toda vez que MINSA es referente a salud, mas como siempre, los
cargos "dedeados" otorgados a quienes son amigotes de los
poderosos , de quienes tienen la "potestad" de nombrar,
designar u otorgar los cargos de confianza. Este abogado fue
posteriormente "premiado" por sus actos serviciales sabe Dios
a qué causa o a qué persona, mas no a las del pueblo que es el dinero
con el que se sostiene y no sería raro verlo de pronto como
Viceministro o tal vez hasta de ministro de salud, porque hay que ser
bien caradura para proceder como lo hizo y también debe ser una persona
que está en un entorno poderoso, que le respaldó en lo actuado, ya que
para hacer lo que hizo y sentirse tan dueño de si mismo, como para
decir que él hacia esto porque así le daba la gana y emitir opiniones
que solo pueden emitirlas quienes efectivamente se sienten
suficientemente respaldados, hay que tener a espaldas personas muy
influyentes. ¡ Ya lo investigaré !. Yo hablo así porque tengo el respaldo de la verdad,
la honestidad, pero para actuar contra la ley, contra la sociedad debo
tener la seguridad que no seré castigado por ello, disfrutar de
impunidad y eso es lo que sucedió con el Dr. Braulio Cuba Corrido y en
sus actos arrastró a otros personajes oscuros, que la historia se
encargará en desenmascarar a su debida oportunidad, a personas que
pretendieron hacernos creer que eran luchadores sociales, pero que en
realidad lo único que hicieron fue aprovecharse de la situación para
lograr propósitos de beneficio personal. La historia de siempre... En ese entonces existía el CLAS
Islay y se regía por lo establecido en normas como el D.S. 001 94
normado y reglamentado por la R.M. N° 176-2000-SADM y estos CLAS
tienen sus estatutos que, como todos sabemos, son las normas que rigen
los actos que conciernen a una Institución. En el país, de los 6,000
puestos de salud 1,600 se rigen por las normas concernientes a los CLAS
que incluso merecieron el elogio internacional La Dirección Regional de Salud estaba representada
dentro de los Clas por la Gerente del Clas Islay, que en este caso era
la Dra. Maria Luisa Torres quien también, aleccionada por su jefe,
utilizó los servicios del abogado Arias y desestabilizó los CLAS ante
todo organismo, llámense la Zona de Trabajo, la Subprefectura y ante
los medios de comunicación rentados por el MINSA y que por esos días
circuló una publicidad referente a otro de los engaños del régimen y
me refiero al SIS o Seguro integral de Salud, del cual trataré en otro
momento. El problema se
suscita cuando mediante Resolución Ministerial N° 1491-2002-SA/DM los
Contratos de Administración Compartida celebrados con la Red Clas Islay
quedan resueltos y se procede a una nueva selección externa de
personal contraviniendo todo lo establecido en el DS 001-94, la RM
176-2000 y los Estatutos de CLAS, razón por la cual un gran número de
trabajadores no se presentaron a dicho concurso por considerarlo
improcedente e inadmisible, es decir invocaban la justa
interpretación de documentos oficiales, mas quienes ejercieron dicha
presión como el Dr. Cuba Corrido y la Dra. Luisa Torres Gerente Clas
Islay, simplemente argumentaban su capricho, aplicando prepotencia y
abuso para imponer la voluntad de sabe Dios que personaje oscuro pero
poderoso, que obedecía simplemente designios partidarios, porque a
todas luces dichos actos irregulares estuvieron dirigidos a favorecer a
leales a Perú Posible, partido de gobierno, quienes reclamaban la
devolución del favor concedido en las urnas electorales. El precio por
ello tuvieron que pagarlo decenas de trabajadores injustamente
despedidos, ya que quienes accedieron a las presiones coercitivas de los
funcionarios ya citados, pues actualmente laboran en la Red Islay No 6,
cuya gerente es la Dra. Luisa Torres pero con sueldos menguados y bajo
condiciones nada formales ni pegadas a la ley y menos a la Carta Magna. Hoy en día, han
desaparecido los CLAS y los microclas en Islay, que se crearon
después y han dado lugar a la Red Islay No. 6 bajo la Gerencia de la
mismísima Dra. María Luisa Torres, es decir le han cambiado nombre y
también de local y se han apoderado de la administración total del
sistema de salud que existía en la provincia de Islay. Antes era el
pueblo, la comunidad quienes administraban su salud, por eso CLAS
que significa COMITÉ LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD y ello devenía
de lo que se llama PAC, Programa de Administración Compartida, creado
con la finalidad justamente de que la comunidad administre su salud. En este régimen la
comunidad toma parte de los Clas, teniendo en su Directiva a miembros de
la Comunidad, fungiendo justamente como Presidente de los CLAS un
miembro de la comunidad, el Sr. Gilbert Torres. La única persona
que era de MINSA en ese Comité ejecutivo era la Dra. Luisa Torres quien
en última instancia se erigió como la cabeza de todo y se dedicó a
cumplimentar lo dictaminado por el Dr. Braulio Cuba Corrido y quien
desde mas arriba manipuló éste atropello, destruyó el derecho a
trabajar. Ahora bien, con la
distancia del tiempo podemos afirmar sin temor a equivocarnos que detrás
de esa maniobra destructiva hay personajes poderosos que son justamente
quienes respaldaron, apoyaron económica, profesional y legalmente al
Dr. Cuba y que posteriormente le premiaron con un alto cargo a nivel
ministerial. ¿Quién es el responsable de esto ? Sucede que
actualmente muchos de los trabajadores de aquel entonces han sido
despedidos, sin goce de sueldo, les deben tres meses de sueldo,
gratificaciones de fiestas patrias, navidad, vacaciones y
beneficios sociales, aparte de haberles despedido arbitrariamente y
desconocido los contratos a tiempo indefinido que habían firmado. Es mas la Defensoría del Pueblo, con fecha
17-12-2002, emitió un pronunciamiento ( Oficio N° 3959-2002-DP/RA/P)
donde se decía claramente que estos trabajadores deberían ser
repuestos en sus centros de trabajo, que lo actuado contravenía lo
legal y constitucional, sin embargo la defensoría quedó en el mas
hermoso ridículo, al simplemente hacerse caso omiso a su
pronunciamiento.
Saben ? en la PRIMA LEX DE LEX dice lo siguiente: ARTICULO
23°. El trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de
atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la
madre, al menor d edad y al impedido que trabajan. El estado promueve
condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante
políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el
trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del
trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o
sin su libre consentimiento. ARTICULO
24°. El trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente que procure, para él y su familia, el bienestar
material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios
sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación
del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con
participación de las organizaciones representativas de los trabajadores
y de los empleadores. ARTICULO
25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de
jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el
período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados, Su
disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. ARTICULO
26°. En la relación laboral se respetan los siguientes
principios : 1.
Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3.
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre
el sentido de una norma. ARTICULO
27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra
el despido arbitrario. Si
nosotros comparamos este articulado con la realidad en la provincia de
Islay o en cualquier otra parte de Perú, nos daríamos cuenta que es
simplemente un absurdo tratar de afirmar que en nuestro país se cumple
la ley o que es un estado de derecho, es mas, es imposible hablar de
cumplimiento de la ley, cuando los llamados a hacerla cumplir, digamos
jueces, vocales, fiscales son los primeros en trasgredirla o simplemente
no cumplirla. Lo que es peor argumentan que no tienen suficiente
presupuesto, que no ganan bien, que no tienen garantías, pero cómo
puede decir eso un funcionario que tiene sueldos 30 veces por encima de
lo que gana un ciudadano promedio, que tiene chofer, seguridad y además
la prerrogativa de ser un funcionario público. Es para quedarse mudo de
impresión, además somos testigos cómo estos funcionarios desde cargos
de Fiscal de la Nación, Vocales, Jueces, Contralor han prevaricado,
negociado y pisoteado las normas y los valores durante años, amasado
fortunas y viviendo a espaldas de la ley, regodeándose de sus cargos y
abusando del poder que ello le otorgaba. Felizmente la
historia auténtica, no la remunerada, porque allí también hay perlas,
la verdadera historia nunca saldrá al aire, pero al menos tenemos la
esperanza que la historia auténtica prevalecerá y esto quedará
registrado en alguna parte y será conocido como las paginas negras de
la historia de Perú. Los trabajadores
de CLAS Islay y Arequipa fueron pisoteados, burlados y abusivamente
despedidos, ahora, yo les conozco personalmente, están sin trabajo, con
hijos sin navidades dignas, con época de vacaciones tristes, sin
derecho a reír, a disfrutar del descanso ni del beneficio social,
porque nunca lo tuvieron, siempre trabajaron y vivieron
explotados, humillados, deprimidos, segregados, sí, había distinciones
entre ellos, unos tenían acceso a vacaciones otros no, unos tenían
canastas, otros no, a unos se les pagaba por planilla a otros con recibo
de honorarios, a unos se les promovía a otros no. Así era la realidad
del CLAS, eran impulsados a ser enemigos uno del otro. Habría
que investigar a los trabajadores de TISUR, a los jornaleros de los
Services, a los destajeros de CETICOS, para que al comparar con los artículos
de la Constitución veamos que la trasgresión es olímpica, infame y
vergonzosa. Tendría que verse como trabajan los peones en agricultura,
como es la situación de Chucarapi y que de los lotes, los terrenos de
Las Ambarinas, los gremios de choferes, los arreglos en la pesca, en las
pesqueras, habría que hacer una autentica investigación a todo nivel,
investigar a fondo la formalidad, quiénes tienen licencias ajustadas a
la ley, quiénes tienen autorización para operar como agencia de aduana
y en que términos, habría que ver sobre el trafico de alimentos y
productos que ingresan a los mercados, sobre los precios al consumidor,
sobre la calidad de los productos que se expenden, la calidad de la
leche que consumimos y el pan de cada día y qué de los cortes de luz,
agua y teléfono. Es decir necesitamos que haya un respeto a la ley
acorde a un país ordenado, a un estado de derecho, sólo así podremos
decir que vivimos en autentica democracia o sea un gobierno del pueblo,
para el pueblo y con el pueblo y no un dominio del poder económico y la
explotación de quienes ostentan ese poder hacia quienes son los
verdaderos hacedores de riqueza es decir los trabajadores, quienes son
los que transforman con sus energías la materia y lo plusvalizan
para que el capitalista aumente sus cuentas bancarias y el jornalero
reciba las migajas que con dolor son soltadas por sus propietarios.
Jorge
Paredes Romero DNI
10380914
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